martes, mayo 27, 2008

La Junta Militar birmana amplía seis meses el arresto domiciliario de la líder opositora



La Junta Militar de Birmania (Myanmar) ha prorrogado por seis meses el arresto domiciliario de la histórica disidente Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y líder del movimiento democrático birmano Liga Nacional por la Democracia (LND), según han informado fuentes del Ministerio de Interior.

El régimen, presidido por el general Than Shwe, renueva periódicamente el arresto domiciliario a Suu Kyi, de 62 años y madre de dos hijos que residen en el Reino Unido y a quienes las autoridades anularon hace años sus respectivos pasaportes birmanos. Se aplica así el acta de seguridad 10-B, que establece un periodo de detención de cinco años sin necesidad de juicio, que puede ser prorrogada por seis meses o un año, según la formación que ella encabeza.

Suu Kyi, que ha pasado en cautividad casi 13 de los últimos 20 años, fue detenida la última vez el 30 de mayo de 2003 después de que varios cientos de seguidores del régimen atacaran al norte del país la caravana de vehículos en los que viajaba con otros miembros de su partido.

En junio de 2003, y tras el ataque en el que murieron unas setenta personas, Suu Kyi, de 62 años y madre de dos hijos que residen en Reino Unido, fue conducida a la prisión de máxima seguridad de Insein, a las afueras de Rangún, "para su propia protección" y en septiembre de ese año, a raíz de una operación quirúrgica, la trasladaron a su desconchada residencia de estilo colonial británico.

Detenidos 15 miembros de la LND

Pocas horas antes de que las autoridades comunicaran a Suu Kyi la prolongación del arresto, al menos 15 miembros de la LND, fueron detenidos cuando abandonaron la sede de la formación en Rangún. Según testigos, agentes de los cuerpos de seguridad arrestaron a los opositores, que se dirigían a sus casas tras salir de la sede en la calle Shwegondine, en el barrio de Bahan, y los subieron en camiones militares.

Al despuntar el día, fueron desplegados varias decenas de policías vestidos de paisano, y miembros de la milicia progubernamental en torno a la residencia de la Nobel de la Paz, en la avenida Universidad que cruza la zona alta de Rangún. La Policía también situó al menos seis camiones cargados con agentes provistos de armas, varas y escudos cerca de la sede de la LND.

El despliegue de fuerzas de seguridad fue hecho mientras la LND se preparaba para llevar a cabo un acto con motivo del décimo octavo aniversario de la victoria del partido en las últimas elecciones legislativas, cuyos resultados nunca han sido reconocidos por los generales que gobiernan el país.

Oidos sordos a los llamamientos internacionales

La Junta Militar ha hecho hasta ahora caso omiso a todos los llamamientos efectuados por Naciones Unidas, la Unión Europea (UE), los Estados Unidos y otros países para que ponga en libertad de forma incondicional a Suu Kyi, considerada el símbolo de la democracia por muchos birmanos.

El ministro británico de Exteriores, David Miliband, ha solicitado al Gobierno birmano que "libere a Suu Kyi y le permita desempeñar su legítimo papel en el proceso de una verdadera reconciliación nacional". El jefe de la diplomacia británica se declara "triste" y "sorprendido" por la decisión de la Junta Militar y explica que, además de la ayuda a los damnificados por el ciclón que asoló el país, la "restauración de la democracia es aún vital para el futuro a largo plazo del país".

De hecho, la prolongación del arresto ha sido adoptada después de que la comunidad internacional se comprometiera a donar decenas de millones de dólares a Birmania para ayudar a los 2,5 millones de supervivientes del ciclón 'Nargis'. A pesar de la noticia, Estados Unidos ha asegurado que seguirá suministrando la ayuda humanitaria por la extrema necesidad que sufren los afectados.

El régimen militar, criticado por impedir la entrada de la ayuda internacional para los damnificados del delta del río Irawaddy, decidió tres semanas después del ciclón, abrir algunos resquicios para permitir la entrada de los cooperantes a la región en la que murieron y desaparecieron cerca de 134.000 personas.

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