Hoy, en pleno siglo XXI, en un mundo donde prevalecen pobreza, desabasto de medicamentos, crisis, deterioro ambiental, desempleo, inseguridad, ¿podremos percatarnos de que debemos privilegiar el respeto de los derechos humanos? Las condiciones de hace 60 años no eran muy diferentes a las que vivimos en materia del respeto a los derechos humanos. En este ámbito, hablar sobre avances y logros es controvertido, ya que por un lado tenemos marcos normativos nacionales y, por el otro, recibimos múltiples recomendaciones de organismos internacionales en las que se insta a nuestro país a cumplirlos. Por decir lo menos, queda en entredicho el papel del gobierno en la materia.
Con la protección de los derechos de las mujeres encontramos mayor dificultad, pues existe un abismo entre la realidad cotidiana de nosotras en los espacios en que nos desarrollamos y el ejercicio de nuestros derechos y libertades fundamentales.
Las opiniones que se tengan sobre este punto son muy diversas; sin embargo, hay una posición unánime respecto de lo limitado que ha sido el reconocimiento de los derechos de las mujeres, específicamente en nuestro país.
A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establecen las condiciones de igualdad de derechos de todas las personas y los principios básicos para ejercerlos. Cada país establece lineamientos para acceder a los derechos y prerrogativas reconocidas en sus constituciones; de ahí que surja el concepto de ciudadanía, que se refiere a la condición que adquieren las personas para gozar de los derechos y estar sujetas a las obligaciones que se contienen en los ordenamientos jurídicos.
Hablar de que una persona ejerce su ciudadanía se debe traducir en el acceso pleno de los derechos que le son reconocidos; desgraciadamente, en el caso de las mujeres, dicha ciudadanía se ve limitada por los esquemas culturales, de poder político y económico en el que se ha desarrollado nuestra sociedad.
Se quiere presentar una visión de que reconocer el derecho al voto de la mujer mexicana es suficiente para ejercer su ciudadanía; pero este concepto implica que exista un disfrute de los derechos no sólo políticos, sino sociales, económicos y culturales, situación que aún no es una realidad en México.
Por si fuera poco, la conquista del sufragio femenino ha sido limitada con el reconocimiento a cuenta gotas de nuestro derecho a participar en la vida política y democrática. De ahí que es preciso redimensionar la ciudadanía de las mujeres, a efecto de que podamos acceder con igualdad a todos los derechos, como se establece en la Declaración Universal. Los objetivos que se plantearon en la declaración están lejos de ser cumplidos a 60 años; y si hablamos del reconocimiento de los derechos de las mujeres, el tema sigue siendo uno de los grandes pendientes.
En nuestro país, miles de mujeres han venido trabajando para plasmar en las leyes sus derechos, además de traducir en hechos concretos estas prerrogativas. Uno de los primeros actos para lograr dicho objetivo fue el reconocimiento del derecho de todas las mexicanas para votar. Este hecho ha significado que muchas mujeres participemos en la vida política y democrática, aunque esto no quiere decir que podamos acceder con igualdad de oportunidades a los puestos de representación popular o a los lugares de toma de decisiones.
Aún necesitamos reconocer en las leyes electorales la cuestión de la paridad; no hay vuelta de hoja, nuestra Constitución habla de igualdad entre mujeres y hombres, no de cuotas de género ni dádivas políticas. Eso es uno de los pendientes.
La presencia de más mujeres en la política y la exigencia del respeto de los derechos humanos han dado pauta para diversos avances legislativos, para reconocer los derechos de las mujeres. Podemos hablar de normas que promueven la igualdad; que atienden, previenen y sancionan la violencia de género; que promueven la participación de las mujeres en diversos ámbitos de la vida o que buscan garantizar el acceso a los derechos de salud y educación, sólo por mencionar algunos ejemplos.
También podemos decir que, a diferencia de hace 60 años que se proclamó la declaración, contamos con presupuestos para que las instancias de gobierno los apliquen desde una perspectiva de género, o con instituciones públicas consolidadas, como el Instituto de la Mujeres, que son órganos normativos y rectores en materia de derechos de las mujeres.
Sin embargo, es preciso describir también una realidad desoladora: aumento de la mortalidad materna por enfermedades prevenibles y curables; incremento de contagios en mujeres de VIH-sida; mayor índice de embarazos no deseados en adolescentes por falta de información sobre sus derechos sexuales y reproductivos; discriminación en la atención médica; cifras alarmantes sobre la violencia de género; repercusión con mayor intensidad de la pobreza en las mujeres; discriminación laboral, entre otras situaciones.
Estas circunstancias exigen soluciones prontas y con resultados; la integridad y vida de las mujeres no admite demoras ni políticas públicas ineficaces, por lo que el reconocimiento pleno de nuestros derechos debe ser una realidad.
A todo lo anterior debemos agregar la diversidad con la que se legisla en las entidades federativas respecto a los derechos de las mujeres, de manera específica en las legislaciones civiles y penales. En estos códigos encontramos disparidades con los derechos reconocidos; por ejemplo, se sigue permitiendo que los menores de 18 años de edad celebren matrimonio; algunas legislaciones contemplan el impedimento para que las mujeres puedan casarse en un determinado tiempo, una vez que se hayan divorciado. O en el ámbito penal, no se tipifica el delito de trata de personas o la esterilidad provocada; y lo que constituye una auténtica licencia para matar, en muchos estados de la República aún se éste tipifica el homicidio por razones de honor.
Como podemos observar, hay muchas cosas que cambiar aún, por lo que en vísperas del Día Internacional de la Mujer, nuestro propósito debe ser que no existan auténticos premios o recompensas para delincuentes que vulneran los derechos de las mujeres; por ejemplo, no se puede tolerar que al secuestrador de una mujer se le perdone si le hace el “favor” de casarse con la víctima.
Con las reflexiones que aquí se han expuesto, cuenten con la seguridad que desde la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, de la cual soy presidenta, hay una aliada para comenzar a tejer el cambio a la realidad cotidiana que las mujeres enfrentamos en nuestra casa, comunidad, lugar de trabajo, centro de estudio o cualquier espacio en el que nos desarrollamos, para que nunca más suframos desigualdad y violencia en nuestras vidas.
Esto hará posible un mundo con dignidad y justicia para todas las personas.
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, 60 Legislatura
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